Al hilo de la pasada huelga general, ya comenté aquí que me parece obsceno convocar una huelga cuando el 20% de los trabajadores están en paro y cientos de miles de españoles se pegarían por un puesto de trabajo. Y no digo nada si encima se trata de un colectivo profesional ridículamente protegido y sobrerremunerado como el de los controladores aéreos, que además causa un espectacular perjuicio económico al país con su acción (por no hablar de los daños morales a los miles de viajeros que habían ahorrado para poder viajar en este puente y reunirse con sus familiares, disfrutar unas merecidas vacaciones, etc.)
A pesar de todo ello, creo en el derecho a la huelga de los controladores. El problema es que lo que se ha vivido en España estos días no es una huelga, es, sencillamente, un colectivo que deja de cumplir en masa con sus obligaciones laborales (y subrayo lo de “obligaciones” porque todo trabajo las acarrea, y no se pueden dejar de cumplir alegremente). Lo que hicieron los controladores levantándose de sus puestos de trabajo es equivalente a que todos los médicos del país dejasen de trabajar en un momento dado, saliendo de los quirófanos a mitad de operación y abandonando sus guardias. No sólo no es ético, sino que además los perjuicios derivados de esa acción pueden (deben) tener consecuencias penales.
Dicen algunos que la respuesta del gobierno ha sido exagerada. Que militarizar los aeropuertos y proclamar el estado de alarma es demasiado. Sí, es demasiado, pero… si es la única manera de garantizar la normalidad, habrá que hacerlo. Lo que deberíamos preguntarnos es qué hemos hecho mal para que un grupete de privilegiados sea capaz de paralizar un país y haya que llamar al Ejército para garantizar los derechos del resto de la población.
Y lo que hemos hecho mal (durante muchos años) es muy sencillo: en España somos especialistas en sobreproteger y pagar mucho dinero (del bolsillo de todos) a gente que aporta comparativamente muy poco a la sociedad. Controladores aéreos y notarios son un gran ejemplo. En otros casos esta situación se provoca indirectamente con regulaciones estúpidas como las licencias farmacéuticas, que convierten artificial y arbitrariamente a sus poseedores en millonarios (¿por qué diablos no permitimos que pueda abrir una farmacia cualquier farmacéutico titulado y colegiado?).
En países más “civilizados”, a nadie se le ocurriría pensar que un notario pudiera ganar más que un médico, cosa muy razonable ya que la labor social de los médicos es infinitamente más importante para la sociedad que la de los notarios. En EE UU, cuando alguien con talento quiere ser rico, estudia Medicina. En España, prepara unas oposiciones de controlador aéreo, notario, registrador de la propiedad o similar. No cuesta mucho adivinar cuál es el retorno social de ese talento en un país y en otro.
En el caso de los controladores, además, el monstruo se ha ido alimentando sucesivamente por todos los gobiernos para evitar la mala prensa que da el caos en los aeropuertos. Sin embargo, de tanto tensar la cuerda, de tanto chantajear al resto de la sociedad con sus amenazas de paralizar el país, el gobierno por fin ha dado un puñetazo sobre la mesa. Y es una buena noticia que, por una vez, el gobierno haya tenido huevos arrestos para cumplir su deber: hacer que el país funcione. Si eso significa movilizar a medio Ejército para controlar el espacio aéreo, pues que se haga, y que a partir de ese mismo momento se tomen las medidas necesarias para que nunca más haya que hacerlo.
Y eso implica que los controladores aéreos respondan penalmente de una vez por todas por el perjuicio causado. Exactamente igual que lo haría un médico que abandona el quirófano a mitad de operación. Ni más, ni menos.
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